Los fraudes bancarios a través de medios electrónicos son cada vez más frecuentes y generan situaciones de gran preocupación para los usuarios.
En un caso en el que intervine como conciliadora en consumo, una consumidora, fue víctima de una estafa que derivó no solo en el vaciamiento de su cuenta, sino también en la obtención de un préstamo a su nombre sin su consentimiento.
A pesar de tratarse de una operatoria claramente irregular, la entidad bancaria inicialmente pretendía el pago de las cuotas del crédito otorgado.
Frente a esta situación, y luego de la correspondiente denuncia, se inició un proceso de conciliación. Durante el mismo, se analizó el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para este tipo de operaciones, advirtiéndose la ausencia de validaciones básicas de identidad.
Como resultado del proceso, se logró una solución integral: la entidad canceló el préstamo otorgado fraudulentamente, reintegró los fondos sustraídos y reconoció una suma adicional en concepto de compensación.
Este tipo de casos pone de relieve la importancia del deber de seguridad de las entidades financieras y demuestra que, aun en situaciones complejas, es posible encauzar el reclamo y obtener una respuesta adecuada